En Desarrollo del control macro y desde la perspectiva ambiental, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente a través de la Dirección de Estudios Sectoriales y con el apoyo de los grupos auditores del control micro, de las Gerencias Departamentales y de las demás Contralorías Delegadas Sectoriales, elabora el Informe del Estado de los recursos Naturales y del Ambiente que le impone al Contralor General el numeral 7 del artículo 268 de la Constitución.
Es importante señalar que el informe nace en los debates de la Asamblea Constituyente de 1991 cuando la institucionalidad ambiental se soportaba exclusivamente en el Instituto de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –INDERENA- entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Quisieron los constituyentes que la Contraloría General de la República llevara un inventario de los recursos naturales, su aprovechamiento y degradación, como ente máximo de la protección de los recursos públicos. Posterior a la Constitución y con la promulgación de la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente y estructura el Sistema Nacional Ambiental –SINA- con sus Corporaciones Autónomas Regionales, sus Institutos de Investigación y sus Autoridades Ambientales Urbanas, entre otras, la función de levantar un inventario y estado de los recursos naturales fue asumida por el Instituto de Estudios Ambientales –IDEAM- como el encargado, por la ley 99, del manejo de la información ambiental del país. De tal manera que el diagnóstico físico del estado de los recursos naturales lo reporta el IDEAM en su “Informe del Estado de los Recursos Naturales Renovables en Colombia”. El Informe anual de la Contraloría, en cumplimiento del artículo 268 numeral 7 de la Constitución, versa entonces sobre la inversión y el gasto ambiental de las entidades del Estado sean estas misionalmente ambientales o sean sectoriales. También incluye el informe la evaluación de las políticas ambientales y el cumplimiento de las metas ambientales del Plan Nacional de Desarrollo, un reporte que hacen las contralorías territoriales sobre la inversión y gasto ambiental de los municipios y departamentos; y, por último, se escogen anualmente dos temas de relevancia ambiental con el propósito de construir una línea base de información sobre gasto e inversión en esos temas y la gestión desplegada sobre los mismos.